Avui no puc resistir penjar l'article setmanal que l'Ignacio Escolar ens envia als socis de eldiario. Es una mica llarg però el que explica de Diaz Ayuso i el seu entorn judicial i polític no té desperdici.
La del fiscal
general del Estado ha sido una condena a la verdad.
Ganan las mentiras
de Miguel Ángel Rodríguez e Isabel Díaz Ayuso, las acusaciones ultras, los
bulos y quienes publicaron esas falsedades. Gana el comisionista defraudador.
Pierde el periodismo que comprueba las noticias, pierde el fiscal general,
pierde la verdad. Y pierde también la Justicia. Su imagen ante los ciudadanos
queda de nuevo deteriorada por una condena muy difícil de explicar.
Tengo una enorme
curiosidad por conocer los argumentos: qué camino seguirán estos jueces del
Supremo para justificar su decisión. Seguro que serán creativos, seguro que nos
sorprenderán. Es el mismo Supremo que validó la estrambótica investigación del
juez García Castellón, que vio una víctima del terrorismo en
un turista muerto por un infarto durante unas protestas en el aeropuerto de El
Prat. Los que después inventaron el enriquecimiento sin riqueza para no aplicar la amnistía a Puigdemont. Ahora nos
van a explicar en qué consiste la revelación de secretos sin secretos. Muy
capaces siempre son.
Es el mismo
Tribunal Supremo donde las monedas caen siempre del mismo lado: a la derecha. Donde se aprecia, cada vez más, el éxito rotundo de
aquella estrategia que impulsó Federico Trillo hace tres décadas, con los bloqueos
en la renovación del CGPJ cada vez que perdían las elecciones. Un plan que
Ignacio Cosidó resumió después con precisión: controlar el Supremo “desde
detrás”.
La Justicia suele
ser lenta. Previsible. Garantista. Es justo lo que no ha ocurrido en este juicio
al fiscal general. No se recuerda un proceso penal más rápido ni una condena
más impredecible. Y tampoco ha sido un proceso garantista: para perseguir un
delito menor, que rara vez se investiga, ordenaron medidas tan
desproporcionadas como el registro completo al despacho del fiscal general. Ni
siquiera así encontraron pruebas. Ha dado igual.
Es también el
último capítulo de una historia aún mayor: la de la impunidad de Isabel Díaz
Ayuso y su familia. Esa protección especial que permite a la presidenta de la
Comunidad de Madrid salir indemne de asuntos que hundirían a cualquier otro
político. Ya van cuatro escándalos que siempre ha logrado salvar con mentiras,
con otros pagando los platos rotos y con el viento de la Justicia siempre
a favor.
Primer acto: el
pufo de Avalmadrid
Ocurrió en 2011.
Lorenzo Díaz, padre de Isabel Díaz Ayuso, pidió a Avalmadrid –una financiera
semipública que depende del gobierno autonómico– un préstamo de 400.000 euros.
Como garantía presentó una nave ilegal cuyo valor no cubría ni de lejos la
deuda. Los técnicos advirtieron por escrito del riesgo, pero el crédito se aprobó igual.
Poco después, Ayuso
intervino personalmente: en julio de 2011 envió correos e hizo llamadas a la viceconsejera de Economía para evitar el embargo. No usó la ventanilla del
ciudadano común. Era asesora de Esperanza Aguirre y, tras esas gestiones, entró
como diputada en la Asamblea de Madrid.
Cuando tocaba pagar
la primera cuota, su padre dimitió de la empresa y, 48 horas después, acudió a
un notario para donar sus propiedades a sus hijos: el piso de Madrid para
Isabel; la finca de Sotillo de la Adrada para Tomás. El préstamo nunca se
recuperó. La familia Ayuso no devolvió ni un euro. El pufo lo pagamos entre
todos, con dinero público.
Varias
organizaciones intentaron llevar el caso a los tribunales. Todas fracasaron. En
2021, la Sala de lo Penal del Supremo –la
misma que ahora ha condenado al fiscal general– rechazó investigar una de las
querellas argumentando que Ayuso “no intervino en la operación”, “desconocía la
deuda” y tampoco conocía “la situación económica de la empresa”. Falso, como
demuestran sus correos y gestiones. Otro juzgado archivó también otra denuncia
contra Tomás Díaz Ayuso en 2022 alegando prescripción.
Segundo acto: la
comisión de las mascarillas
La historia también
empieza en Sotillo de la Adrada, ese pueblo de Ávila donde Tomás Díaz Ayuso
heredó una finca para que no fuera embargada por Avalmadrid. Los Ayuso
veraneaban de niños allí y, en esa infancia, conocieron a Daniel Alcázar, un
empresario ganadero que también se dedicaba al textil.
En abril de 2020,
mientras en España morían 700 personas al día, la Comunidad de Madrid adjudicó
a dedo un contrato de 1,5 millones de euros para comprar mascarillas a la
empresa de Daniel Alcázar, que nunca antes se había dedicado al negocio
sanitario. Fue otra exclusiva que también desvelamos en elDiario.es. Poco después,
descubrimos que el hermano de Ayuso, Tomás, se había llevado una comisión de
234.000 euros de esa operación.
Isabel Díaz Ayuso
salió de este embrollo gracias a un enorme bulo que su prensa afín se encargó
de amplificar. Acusó a Pablo Casado de haber contratado espías para
investigarla, algo que nunca ocurrió. Miguel Ángel Rodríguez volvió a hacer su
magia: en vez de hablar de las comisiones de Tomás, el debate en los medios
conservadores giró hacia el falso espionaje a Ayuso. Casado no aguantó ni una
semana. Aquella mentira fue muy eficaz: permitió –un simbólico 23F–
desencadenar un golpe interno en el PP que acabó con su destitución inmediata y
con Alberto Núñez Feijóo convertido en nuevo presidente del partido.
¿Y en la Justicia?
Las denuncias contra los Ayuso tampoco prosperaron. La Fiscalía Anticorrupción
y la Fiscalía Europea investigaron sendas denuncias, pero las acabaron
archivando. ¿Los argumentos? Que no está probado que Isabel Díaz Ayuso
interviniera en la operación y que Tomás Díaz Ayuso no era dueño de la sociedad
que le pagó la comisión.
Tercer acto: los
muertos en las residencias
Al tiempo que Tomás
Díaz Ayuso se forraba con la pandemia, el Gobierno de la Comunidad de Madrid
puso en marcha un protocolo inhumano para las residencias de ancianos: negar el
traslado a los hospitales de aquellos enfermos con deterioro cognitivo o alta
dependencia física. Solo afectó a los pacientes de la pública: quienes tenían
un seguro privado sí fueron derivados a un hospital.
Este protocolo
disparó las muertes de ancianos en las residencias de Madrid, muy por encima de
la media de otras comunidades. La mayoría de ellos falleció sin atención médica
ni paliativos, ahogados en sus camas. Fueron 7.291 muertos.
La mayoría de los
intentos de judicializar estas muertes se ha topado con enormes obstáculos.
Especialmente por el papel de la Fiscalía Superior de Madrid, que encabeza
Almudena Lastra. Según su criterio, el protocolo “no funcionó como impedimento”
para las derivaciones y estos enfermos recibieron en las residencias “un
tratamiento hospitalario similar”. Ambas afirmaciones son rotundamente falsas.
Es la misma
Almudena Lastra que declaró en contra del fiscal general y que nunca fue
imputada por la filtración de este correo, a pesar de que fue una de las
personas que tuvo acceso a él.
Cuarto acto: dos
pisos comprados tras un fraude fiscal
Mientras Tomás Díaz
Ayuso se forraba, mientras 7.291 ancianos morían abandonados, hubo otra persona
que también encontró en la pandemia su mina de oro personal: Alberto González Amador,
la pareja de Ayuso. Dos millones de euros por una comisión de compraventa de
mascarillas en plena emergencia sanitaria. Una fortuna de la que luego intentó
arañar 350.000 euros más a costa de los impuestos que debía pagar.
La exclusiva
también la contó elDiario.es. Una noticia que no ha podido ser desmentida
porque publicamos la verdad. Igual que fue elDiario.es quien destapó esa
extraña operación con la mujer de su jefe: medio millón de euros por una
empresa que no facturaba ni la décima parte. Una compraventa que presuntamente
sirvió para pagar un soborno al presidente de Quirón Prevención, tal y como hoy
investiga la Justicia.
El juzgado está
esperando un informe de la UCO. Uno que está tardando muchos meses en
llegar.
Hace apenas dos
semanas, Alberto González Amador aseguró en el Supremo que el banco “le había
cortado la financiación”. Sus problemas de crédito han durado poco –o en eso
también mintió–. El día antes de la condena al fiscal general se supo que el
muy honesto comisionista se ha comprado ese ático de lujo que en realidad
siempre usó; el que estaba a nombre de una empresa administrada por uno de sus
abogados. La banca le ha aprobado una hipoteca de 600.000 euros.
Alberto González
Amador sigue pendiente de sentarse en el banquillo de los acusados, aunque hoy
cuenta con una baza más: una condena al fiscal general del Estado que, sin
duda, intentará utilizar para exculparse de sus presuntos delitos. Su pareja,
Isabel Díaz Ayuso, ya ha empezado ese trabajo. En una intervención institucional plagada de mentiras, acusó al
presidente del Gobierno de ser un dictador.
Es una dictadura
muy peculiar. Una donde la familia del supuesto dictador es arrollada por la
Justicia mientras una de sus principales opositoras se libra siempre de
cualquier responsabilidad.
Nada tiene
consecuencias para la presidenta de la Comunidad de Madrid ni para su entorno,
por más que se acumulen los escándalos. Todas las irregularidades, fraudes
y mentiras de Isabel Díaz Ayuso terminan siempre en lo mismo: la exoneración de
los suyos y el señalamiento, las amenazas o incluso la condena de quien se
atreve a investigarlos.
Quiero pensar que,
algún día, esa impunidad pueda terminar. Que esa soberbia infinita, ese
desprecio permanente por la honradez y la verdad, acabe teniendo consecuencias.
Quienes se creen tan por encima de los demás, tarde o temprano, siempre cometen
un grave error.
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